La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación primordial para gobiernos, instituciones y empresas a nivel mundial. Con el creciente uso de la tecnología digital, también han aumentado los riesgos de ciberataques, que pueden comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
En este contexto, la implementación de leyes de ciberseguridad ha ganado relevancia, y Chile no ha sido ajeno a esta tendencia. La Ley de Ciberseguridad en Chile busca proporcionar un marco regulatorio que establezca las directrices necesarias para proteger los sistemas digitales y las infraestructuras críticas del país.
¿Qué es la Ley de Ciberseguridad en Chile?
Chile se posiciona como uno de los primeros países en Latinoamérica en presentar un proyecto de ley tan significativo en el ámbito de la ciberseguridad. Esta iniciativa se suma a la creciente tendencia global de implementar normativas para proteger la seguridad de la información, que ya se ha materializado en otros países como México, con su Ley Federal de Ciberseguridad, y en la Unión Europea, con la Ley de Ciberresiliencia.
La Ley de Ciberseguridad de Chile es una legislación que establece las bases para proteger los sistemas digitales, infraestructuras críticas y datos de las personas y organizaciones en el país.
Su objetivo principal es fortalecer las capacidades de prevención, detección y respuesta ante ciberataques, además de garantizar la privacidad y seguridad de la información que circula en el ámbito digital.
Instituciones pertinentes
Una de las principales necesidades abordadas por esta ley es la creación de nuevas instituciones encargadas de regular su correcta implementación. Entre estas instituciones destacan las siguientes:
- La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI): Esta entidad de carácter técnico se especializa en la protección de los intereses chilenos en el ciberespacio. Posee facultades regulatorias, sancionadoras y fiscalizadoras, con el objetivo de garantizar la seguridad cibernética a nivel nacional.
- El Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad: Este órgano tiene la función de asesorar a la ANCI en el análisis periódico de la situación de ciberseguridad del país y en la formulación de medidas que contribuyan a su mejora continua.
- El Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional): Definido por la ley como un centro multidisciplinario, el CSIRT Nacional tiene la responsabilidad de prevenir, identificar y responder de manera rápida y efectiva a ciberataques, minimizando sus efectos. Las entidades sujetas a la ley deben notificar al CSIRT cualquier evento que comprometa la seguridad de infraestructuras críticas y de datos personales.
- El CSIRT de la Defensa Nacional: Aunque su nombre es similar al anterior, este organismo se enfoca en la protección de los sistemas informáticos de los servicios de defensa del país, como las Fuerzas Armadas. Además, colabora con el CSIRT Nacional en la gestión de incidentes que afecten la seguridad pública.
- La Red de Conectividad Segura del Estado: Esta red informática está diseñada para proporcionar una conexión segura a Internet y entre dispositivos móviles de los organismos de la Administración del Estado. Su correcto funcionamiento será supervisado por la ANCI, asegurando la integridad y seguridad de las comunicaciones gubernamentales.
¿Cuáles son los principales elementos de la Ley de Ciberseguridad?
La Ley de Ciberseguridad chilena incluye varios aspectos clave que las empresas deben considerar para cumplir con las nuevas normativas y asegurar la protección de sus sistemas y datos.
Protección de infraestructuras críticas
Las infraestructuras críticas incluyen servicios esenciales como energía, telecomunicaciones, transporte, finanzas y salud, entre otros. Estos sectores son cruciales para el bienestar de la sociedad y la economía, por lo que cualquier ataque cibernético que afecte su operatividad podría tener consecuencias graves, tanto a nivel nacional como internacional.
La ley establece que las empresas que operan en estos sectores deben implementar medidas de seguridad cibernética robustas, como la protección contra accesos no autorizados, la detección de vulnerabilidades y la creación de planes de respuesta ante incidentes.
Obligación de implementar medidas de ciberseguridad
Establece que las entidades deben adoptar medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos que enfrentan, con el objetivo de proteger sus sistemas informáticos, redes y datos móviles.
Las medidas de seguridad incluyen la implementación de tecnologías avanzadas como firewalls, sistemas de detección de intrusos, herramientas de encriptación, autenticación multifactor y protocolos de acceso restringido.
Además, la ley exige la capacitación continua del personal en buenas prácticas de ciberseguridad para que los empleados estén preparados para identificar y prevenir amenazas como el phishing o el malware.
Responsabilidad de las empresas ante incidentes de seguridad
La ley obliga a las empresas a notificar inmediatamente a las autoridades competentes y a las personas afectadas si se ve comprometida la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información.
Esta notificación debe hacerse dentro de un plazo específico, generalmente de 72 horas, para tener una respuesta rápida ante posibles consecuencias graves.
La ley también establece que las empresas son responsables de mantener la resiliencia cibernética, es decir, deben estar preparadas para gestionar y recuperarse de los incidentes con el menor impacto posible en sus operaciones.
Creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad
Este centro tiene como objetivo ser el ente encargado de centralizar la información sobre amenazas cibernéticas y gestionar la respuesta ante incidentes de seguridad en el país.
Se encarga de facilitar la cooperación entre sectores públicos y privados, promoviendo el intercambio de información y buenas prácticas en ciberseguridad.
Asimismo, el centro tendrá la responsabilidad de monitorear el panorama de amenazas, analizando incidentes y atacantes para ofrecer estrategias de mitigación y prevención, lo que contribuirá a aumentar la resiliencia del país frente a amenazas cibernéticas.
Revisión y auditoría de la ciberseguridad en las empresas
La ley exige que las empresas implementen auditorías periódicas de sus sistemas y políticas de seguridad, con el fin de evaluar su efectividad y detectar posibles vulnerabilidades.
Las auditorías deben ser realizadas por expertos en ciberseguridad, que examinarán de manera exhaustiva la infraestructura tecnológica, las prácticas de acceso a la información, las medidas de protección de datos y los protocolos de respuesta ante incidentes.
¿Quiénes deben atenerse a la ley?
Es aplicable a instituciones del sector público y privado que califiquen como “prestadores de servicios esenciales”, así como aquellas que sean calificadas como “operadores de importancia vital” (OIV) por la ANCI. Los servicios esenciales incluyen:
- Generación y distribución de electricidad
- Banca y servicios financieros
- Telecomunicaciones
- Infraestructura digital y servicios digitales
- Servicios de tecnología de la información gestionados por terceros
- Suministro de agua potable y saneamiento
- Transporte terrestre, ferroviario, aéreo o marítimo
- Transporte, almacenamiento o distribución de combustibles
- Servicios postales y de mensajería
- Atención en salud, como hospitales y centros encargados de la producción de fármacos
- Administración de prestaciones de seguridad social
Implicaciones para las empresas chilenas
La promulgación de la Ley de Ciberseguridad implica que las empresas chilenas deberán adaptarse a nuevas regulaciones y adoptar prácticas más rigurosas en cuanto a la protección de sus activos digitales.
Adaptación a nuevas normativas y requisitos
Las empresas deberán revisar sus políticas y procedimientos de ciberseguridad para que cumplan con los estándares exigidos por la legislación.
Inversiones en ciberseguridad
La implementación de sistemas de protección avanzados, como redes de internet fijo privadas virtuales (VPN), sistemas de monitoreo en tiempo real y software de cifrado, requiere recursos financieros y humanos.
Responsabilidad legal y riesgos de multas
En caso de sufrir un incidente de ciberseguridad y no notificarlo a las autoridades en el plazo establecido o no tomar las medidas correctivas necesarias, las empresas podrían ser objeto de sanciones legales.
Protección de datos sensibles
Las empresas deberán verificqar que sus sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos cumplan con los requisitos de seguridad establecidos por la ley, lo que podría implicar la adopción de tecnologías de cifrado y la implementación de medidas de acceso controlado a la información.
Desafíos y oportunidades para las empresas
Si bien el cumplimiento de la ley representa desafíos, como el costo de implementación y la capacitación del personal, también ofrece oportunidades para mejorar la confianza del cliente, alinearse con estándares internacionales y fortalecer la seguridad digital.
Desafíos:
- Costo de implementación: Las inversiones necesarias para cumplir con la ley pueden ser una barrera para las empresas, especialmente las PYMES.
- Complejidad tecnológica: Las empresas tendrán que mantenerse al día con las tecnologías de ciberseguridad y adaptarse a un panorama de amenazas cibernéticas que cambia constantemente.
- Responsabilidad legal: Pueden enfrentarse a riesgos legales si no cumplen con las obligaciones de la ley, lo que puede incluir sanciones financieras y daños a la reputación.
Oportunidades:
- Mejora de la confianza del cliente: Al implementar medidas de ciberseguridad efectivas, se genera confianza entre los consumidores, lo que puede traducirse en una ventaja competitiva.
- Cumplimiento con estándares internacionales: La ley coloca a las empresas chilenas en línea con las mejores prácticas internacionales, lo que facilita el comercio global y la cooperación con otras naciones que también exigen altos estándares de ciberseguridad.
Desarrollo de nuevas soluciones: La creciente demanda de ciberseguridad podría generar oportunidades para empresas especializadas en soluciones tecnológicas, creando un mercado próspero para la innovación en el sector.
